Estrasburgo (Francia), jueves 17 de enero de 2008.- El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy,
jueves, por 457 votos a favor, 42 abstenciones y 71 en contra, el programa de trabajo de la Agencia Europea de
Derechos Humanos hasta 2012 entre cuyos cometidos introdujo por iniciativa del eurodiputado del PP, Iñigo
Méndez de Vigo, la lucha contra la exclusión social y la pobreza.
"Se trata de un paso histórico" afirmó el eurodiputado popular Iñigo Méndez
de Vigo para quien la pobreza extrema no sólo constituye una violación de los derechos humanos contra
la que la Agencia debe velar sino también "una afrenta intolerable a la dignidad humana".
El eurodiputado del PP, que fue vicepresidente de la Convención que redactó la Carta de los Derechos
fundamentales de la UE y ocupa la presidencia del Intergrupo "ATD Cuarto Mundo" en la Eurocámara,
resaltó que con la aprobación de esta medida "queda atrás la labor de sensibilización
y comienza la de la acción" para erradicar la pobreza.
Para ello solicitó el apoyo de la Comisión Europea "porque son los europeos quienes nos piden
que no dejemos de lado a los más desfavorecidos, que ayudemos a recuperar la dignidad a los excluidos, que
escuchemos a quienes están en la pobreza extrema y que les integremos en nuestra sociedad".
El comisario europeo de Justicia e Interior, Franco Frattini, manifestó durante el debate el apoyo del
Ejecutivo comunitario a que entre las funciones de la Agencia figure la lucha contra la pobreza, en un gesto inusual
ya que en principio la Comisión Europea era reticente a ampliar las labores de la Agencia con sede en Viena
e inaugurada en marzo de 2007.
El eurodiputado del PP expresó su confianza en que el Consejo de ministros de la UE apoye también
la medida "para proseguir con éxito la batalla contra la exclusión social".
La UE decidió crear la Agencia Europea de Derechos Humanos para apoyar a las instituciones comunitarias
y los Estados miembros en el respeto de los derechos fundamentales. Suus misiones fundamentes serán recopilar
información "objetiva, fiable y comparable" sobre la situación de los derechos fundamentales,
comprobar su cumplimiento y analizar ejemplos de buenas prácticas en este terreno. Podrá facilitar
opiniones pero sin interferir con los procedimientos judiciales y legislativos establecidos en el Tratado de la
UE ni tampoco hacerse cargo de las quejas particulares de los europeos en este terreno.
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